Quizá muchos desconozcan (y otros no tanto), que hoy en el Congreso de la Nación existe un debate en ciernes sobre un tema que es crucial para las comunidades campesinas de nuestro país, un debate que implica discutir sobre la actualidad y el futuro de nuestras culturas locales, nuestros aromas, nuestros colores y nuestros sabores expresados a través de las semillas nativas y criollas. Las semillas están presentes de una u otra forma de mil maneras en nuestras vidas cotidianas, la subsistencia de millones de personas y pueblos del mundo se hallan profundamente vinculados por este tema y la alimentación es un hecho cotidiano muy relacionado con estas.

Hoy existe un contexto mundial -al que no escapa nuestro país- donde el capital financiero se reproduce mucho más rápido que el capital de trabajo, la especulación en las mesas de dinero y la voracidad de los grupos económicos concentrados poseen más poder que muchos estados y sus gobiernos, esto se profundiza aun más con gobiernos enteros que han sido coptados y son manejados por CEOS de empresas multinacionales, quienes ocupan los principales puestos en las estructuras de gobierno.

En este contexto es muy difícil que sean interpretados y sean tenidos en cuenta los intereses de las comunidades campesinas en temas tan importantes para estas como lo son las semillas nativas y criollas y por tanto se acrecienta el riesgo de que estas ya no sean de libre acceso para los agricultores familiares y que la creación de segunda naturaleza controlada a través de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) apliquen definitivamente derechos de autor sobre el conjunto de semillas controlando todo el proceso productivo en nuestros territorios agrícolas, esto pone en riesgo la propia subsistencia de los pequeños productores y sus familias que se verían compelidos a pagar para producir y esto es inaceptable.

Fuente: elaboración propia.

El cuadro y gráfico anteriores muestran la evolución de la participación de las principales empresas multinacionales en la venta de semillas patentadas y/o modificadas genéticamente.

El alimento puede ser así condicionado por el sistema de patentes y la “comida ultra procesada” ocuparía un espacio cada vez mayor desplazando al interés social para producir alimentos para resolver las inequidades del desarrollo mundial. Hoy solo 6 empresas multinacionales controlan el paquete tecnológico para producir los Comodities agrícolas condicionando los modelos productivos y por ende para quien, cómo, con qué y donde se produce, esto cuestiona en su esencia la capacidad soberana de nuestros pueblos y sus comunidades campesinas a decidir democráticamente sobre estos temas, afectando severamente la preservación de la biodiversidad local, la soberanía alimentaria y la capacidad para producir alimentos sanos, libres de agrotóxicos, con acceso de las personas, a precio y comercio justo.

El actual debate sobre las modificaciones y propuestas para una nueva Ley de Semillas que sea atravesada por la Ley de Patentes e inventos nos somete a tensiones, porque yá sabemos que las consecuencias no serán agradables para el ambiente y los sectores sociales vulnerables del campo y la ciudad – entre ellos los pequeños productores que podrían llegar a tener que pagar para producir- en favor de los ricos y los poderosos del mundo.

En nuestro país la Ley de Semillas vigente, más allá de sus limitaciones protege la vida y permite el uso, intercambio y reulitización de estas por parte de los pequeños productores, también permite el registro de semillas de variedades nuevas que luego pueden ser utilizadas por los agricultores, esto corre serio riesgo de desaparecer en favor de los “dueños de las patentes genéticas”.

Si estas ideas avanzan, (recordemos que en Argentina gobiernan los representantes de estos sectores a través de sus CEOS, que ocupan los principales puestos de gobierno), las consecuencias serán lamentables sobre todo el sistema agro alimentario y científico tecnológico nacional, destruyendo las mejores y sustentables prácticas agrícolas en favor de la implantación de un modelo productivo concentrado y manejado por estas compañías multinacionales. De una u otra forma los intereses colectivos deben primar por encima de todo, no es posible aceptar pasivamente que millones de seres humanos dependan de los arbitrios de un puñado de empresas para producir alimentos ultra procesados de dudoso origen y con consecuencias tremendas para la salud humana.

Desde el IDRAF, como autoridad de aplicación de la Ley que regula el funcionamiento de los Consorcios Productivos de Servicios Rurales en la provincia del Chaco, los cuales nuclean a unos 12.000 pequeños productores en 98 organizaciones territoriales distribuidas en 9 zonas geográficas -a contramano de lo que se propone y ejecuta como política pública para la Agricultura Familiar en nuestro país- se financia con fondos públicos a estos a través de las leyes vigentes y se propone el Desarrollo Rural Integral como objetivo de trabajo. Para estos y sus familias, para las comunidades campesinas criollas, inmigrantes y de pueblos originarios, para ellos, promovemos la toma de conciencia y el debate profundo sobre este tema, alertamos sobre las consecuencias negativas que una ley de semillas y patentes a medida de los intereses de las corporaciones podría tener para nuestras culturas regionales y nuestros mercados locales. El conocimiento para producir alimentos sanos, nutritivos y a precio justo nos pertenece, defendamos estos principios.

IDRAF

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